Esta semana, por lo visto, se ha celebrado un juicio contra unos padres de León por un «posible» abandono de familia, respecto de su hijo Rubén, un chaval de 15 años con Síndrome de Down.

La historia, muy resumida, es la siguiente: los padres se niegan a escolarizar a su hijo en un centro especial, donde está matriculado de oficio por la Dirección Provincial de Educación desde el curso 2010-11, cuando fue privado de acudir a su colegio ordinario, en contra de la opinión de la familia. Así de simple, de locos. Está claro que hay dos versiones de la historia, y que serán diametralmente opuestas pero, desde luego, también está claro que esto no debería estar discutiéndose por vía penal.

Ni se me pasa por la cabeza que esos padres tengan la intención de privar a su hijo de ir al colegio. El matiz está en que tipo de colegio y qué tipo de escolarización debe seguir.

Nos sentimos especialmente sensibles en estos meses con esta noticia, con esta familia. No hace mucho contamos aquí mismo la solicitud que hemos planteado a la Junta de Andalucía para que nuestra hija retrase un año más su escolarización, confiando -no ya nosotros, sino los profesionales que la han valorado, incluso de la propia Junta-, en que en septiembre de 2016 esté más madura para afrontar esa etapa.

Sabemos que no está contemplado en la normativa andaluza pero también somos conscientes de que se ha venido haciendo una interpretación flexible y extensiva desde varios años atrás, concediendo esa medida extraordinaria a las familias que lo solicitaban, no sin antes discutir lo suyo con la Administración.

Ya tenemos respuesta de Delegación. Me permito copiarla porque es tan escueta como difícil de explicar: “En respuesta a su escrito recepcionado en esta Delegación Territorial el 30 de enero de 2015, solicitando permanencia extraordinaria en el primer ciclo de educación infantil para su hija Mercedes Jordano Gordillo, escolarizada en el Centro de Educación Infantil *** de Córdoba, le comunico que, una vez tramitado el expediente a la Dirección General de Participación y Equidad, hemos recibido la siguiente respuesta: “se  ha archivado la documentación dado que la Orden de 29 de diciembre de 2008 por la que se establece la ordenación de la educación infantil en Andalucía, recoge que la permanencia extraordinaria del alumno o alumna con necesidades educativas especiales sólo se podrá autorizar en el segundo ciclo de Educación Infantil”.

Lo difícil de explicar no es la respuesta en sí, sino el razonamiento que hay detrás de la misma. Se nos contesta esto, que ya lo sabíamos e incluso planteamos la existencia de más de un precedente administrativo, y se hace, además, con unos trámites que, cuanto menos, despiertan en nosotros algún que otro olor a chamusquina. Sin pie de recurso, sin saber claramente cómo impugnarlo, sin identificar el expediente, firmado por quien no suele hacerlo… En fin, por nuestra profesión esto, como poco, nos genera desconfianza.

Más aún cuando intercambias impresiones con los técnicos y concluyes que ellos mismos tampoco son capaces de digerir la respuesta, por ilógica, por fea, por injusta.

Damos con otra familia que también lo ha solicitado en este año. Su caso, si cabe, es mucho más gráfico. Su hija, Martina, nació prematura, el 31 de diciembre, y lleva desde entonces afrontando no pocos problemas de salud.

Esto no es un capricho ni una cabezonería. Es lo que nos dice nuestra experiencia con la niña. Respetamos muchísimo la profesionalidad de toda la gente que estamos conociendo que, además, coinciden con nosotros en mayor o menor medida. Cada uno es experto en lo suyo y, nosotros, en nuestras hijas.

Esto que planteamos está ya más que superado en otras comunidades como Aragón, Asturias, Rioja, y casa perfectamente con las medidas de flexibilización que contempla la normativa nacional en cuanto a educación o a discapacidad se refiere.

Llevamos tiempo bregando con la Junta de Andalucía. Nos vamos conociendo sus instalaciones al dedillo, y no deja de asombrarnos la cantidad de funcionarios que hay allí y ninguno te sirve para lo que necesitas. A veces te da la impresión de que son como los lápices de IKEA, que están allí sólo para lo que están, para fardar de tener muchos pero para poco más, porque a la propia Administración no le interesa que sirvan para más. Eso, por cierto, provoca frustración en el personal que vive continuamente en un quiero y no puedo ayudarte.

Pues nada, está claro que para lo que necesitamos no nos vale un lápiz de medio palmo, así que, a por la estilográfica del Juez. Tiene guasa la cosa…